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El derecho al Deporte

Parte I

“…el Estado central y los diferentes niveles de gobierno deben propender a maximizar el ejercicio del derecho a la práctica del deporte mediante la planificación, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física de los espacios públicos en las cuales se desarrollan actividades deportivas.

 

Adicionalmente, se debe señalar que el derecho a la práctica del deporte constituye un derecho de rango constitucional, por lo tanto está sujeto a la observancia de los principios de aplicación de los derechos establecidos en el artículo 11 de la Constitución de la República. Uno de estos principios es el de progresividad, por el cual el Estado debe desarrollar de forma progresiva el contenido de los derechos constitucionales, es decir debe adoptar medidas que robustezcan el derecho y que permitan disfrutarlo en las mejores condiciones posibles. En atención a este principio, el derecho a la práctica del deporte debe ser desarrollado de forma progresiva mediante la adopción de medidas que permitan mejorar las condiciones de goce, disfrute y ejercicio del derecho. Aquello involucra el mantenimiento, la regeneración y mejora de los espacios públicos deportivos existentes, la creación de nuevos espacios deportivos y la adopción de medidas concretas que permitan la masificación del deporte”.

 

Este texto forma parte de la Sentencia de la Corte Constitucional 113-16-SEP-CC del caso 1388-14-EP del 6 de abril de 2016, que aclara el verdadero alcance del término “derecho al deporte”, que tantas veces se invoca cuando somos objeto de alguna sanción que nos impide activar en el deporte, o cuando se nos exige una contribución a la que nos negamos por que el Estado en algún momento decía que todo es gratuito, o cuando queremos hacer uso de un espacio que creemos es público porque su propietario es el Estado.

 

La historia nos enseña que el deporte no tiene su origen en el Estado sino en el sector privado, es decir la práctica deportiva nace de la iniciativa de una persona o grupos de personas, que con el afán de distraerse crearon actividades que luego se convirtieron en deportes o modificaron deportes ya existentes, algunos con tal éxito que adecuadamente regularizados se volvieron profesionales como el fútbol soccer, el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol, etc., cuyas ligas pasaron a ser de torneos domésticos a poderosas corporaciones.

 

El atractivo que supone el deporte por las masas que arrastra, no pudo pasar desapercibido para los gobernantes de turno, algunos de los cuales según la corriente política que profesaron lo elevaron a rango constitucional, condenándolo a ser objeto de cuantas regulaciones como Gobiernos sufra el país y por supuesto logrando su control absoluto, más cuando entre los rimbombantes nombres se mezclan los términos “deporte, recreación y educación física”, que abarcan responsabilidades específicas del deporte organizado, de los organismos seccionales y de las instituciones educativas en su orden, incluso como en nuestro país, insertando en la regulación general al deporte profesional, que como negocio que es, tiene que ser normado por el derecho mercantil.

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